Mens
sana in corpore sano (Juvenal, Sátiras X, 356). Con esta
máxima ya los antiguos latinos (siglo I) mostraban su honda preocupación
por la salud como soporte básico del bienestar y plenitud humanos,
manifestando que el único favor que debía pedírsele a los dioses era que
les fuera concedido un espíritu sano en un cuerpo sano.
Han
transcurrido cerca de dos mil años y esta inquietud no ha hecho sino
aumentar con el paso del tiempo, de tal forma que del plano meramente
individual ha ido trascendiendo hacia el ámbito de lo institucional,
deviniendo hoy en uno de los pilares básicos de lo que en nuestros días
se ha venido en llamar Estado de bienestar.
En España, al igual que
en el resto de los países de nuestro entorno más inmediato, las
políticas desplegadas en materia sanitaria han ido desarrollándose en
función de las necesidades concretas que, en cada momento, la sociedad
ha venido reclamando, en un proceso de evolución continua dirigido a la
consecución del sistema más eficaz y eficiente posible.
Tras la asunción por
parte de las Comunidades Autónomas de las competencias en materia
sanitaria, se han puesto de manifiesto las pequeñas o grandes carencias
de las que, en cada región, adolecen nuestros respectivos Servicios de
Salud. Y La Rioja no es una excepción.
Listas de espera
demasiado largas y que, en determinadas especialidades, incluso se
llegan a “cerrar” para que no engrosen más de lo políticamente correcto,
médicos de Atención Primaria que a duras penas pueden conceder cuatro o
cinco efímeros minutos a cada uno de sus pacientes, o el siempre
incontrolado incremento del gasto farmacéutico (que engulle el treinta
por ciento de nuestro presupuesto sanitario), no son sino alguno de los
ejemplos más sangrantes de los problemas con los que se enfrenta la
sanidad riojana y que claman vehementemente por una profunda revisión de
la política sanitaria en nuestra región. A nadie nos es ajeno que las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio actúan como eterno
freno a la hora de tomar medidas innovadoras en esta materia, pero a tan
sólo dos años de unas transferencias sanitarias cuya dotación económica,
al decir de nuestros dirigentes regionales, fue una de las mejores de
España, no parece que el presupuestario sea el único (ni el mayor) de
los problemas con el que nos encontramos los riojanos.
El Presidente de ésta
nuestra Comunidad y los máximos responsables de la sanidad riojana,
parece que han encontrado el remedio para todos nuestros males en la
ejecución de una política liberal de “externalización” de la gestión de
nuestros servicios públicos sanitarios, en el convencimiento de que la
gestión privada de nuestra sanidad la va a hacer más rápida y eficiente.
A este respecto, y al margen de cuestiones terminológicas muy debatidas
en los últimos meses (externalización/privatización), no puedo por menos
que poner en duda, no la buena intención de nuestros políticos, sino las
certezas en las que se fundan para tomar tales decisiones.
La eficiencia de un
sistema se mide, básicamente, en función de dos parámetros, cuales son
dar el mejor servicio posible al menor coste posible. Pues bien,
como ha venido ocurriendo en otras Comunidades, con la entrada de
empresas privadas en la gestión de la sanidad pública la formula
quiebra. En primer lugar, porque dichas empresas siempre van a tender
–como es lógico- a la consecución del mayor beneficio económico posible,
lo que a la larga conlleva unas políticas de personal cada vez más
restrictivas con el consiguiente deterioro en la calidad asistencial: no
se da el mejor servicio posible. En segundo lugar, es evidente
que el beneficio económico que tales empresas consiguen por su labor
gestora, lo obtienen a costa de dotaciones presupuestarias que,
engrosadas por nuestros impuestos, podrían redundar, por ejemplo, en
nuestra sanidad publica en vez de ir a parar a unas manos privadas que
en definitiva se lucran haciendo el trabajo que nuestros gestores
públicos no hacen: esto es, el servicio tampoco se da al menor coste
posible.
No se entienda esto como
un alegato contra la sanidad privada. En absoluto. Pienso que es
recomendable, e incluso necesaria, la presencia del sector privado en el
ámbito de la salud, aunque sólo fuera por posibilitar la libertad de
elección de los ciudadanos. Pero cada una de ellas debe tener su parcela
propia, y en las coordenadas del Estado social en el actualmente
nos movemos pienso que la iniciativa privada debe complementar a la
publica, llegando donde ésta no lo puede hacer, pero en ningún caso debe
sustituirla.
Javier De Hoyo
Martínez
|