El Principio constitucional, eje vertebral de todo el ordenamiento jurídico, dice que sí: la ley no hace, ni puede hacer distingos entre los ciudadanos. Pero la norma debe atemperarse a las situaciones concretas en las que puede haber diferencias tangibles. Por eso, suele decirse que es tan injusto tratar desigualmente a los iguales, como aplicar el mismo rasero a los desiguales.

Pero a veces, en las actuaciones públicas no se ve tan claramente ese respeto a la igualdad fundamental. Tenemos la cuestión montada por el Ministerio de Fomento a propósito de desdoblar la N-232, concretamente en el municipio de Agoncillo. La cuestión deriva de estas bases:

1ª. - Negativa a liberalizar la autopista.

2ª. - La N-232 es fuente continua de accidentes, pues en horas punta se producen frecuentes atascos y embotellamientos.

3ª. - Al desdoblamiento en Agoncillo, se ha propuesto varias soluciones alternativas:

-Pasarlo al otro lado del Ebro, descartado, en principio, por la negativa de los municipios navarros posibles afectados y la riojana de perder gran parte de esta vía de comunicación.

-Atravesar viñedos de bodegas históricas de rancia solera.

-Acercarlo al pueblo.

O sea, que tenemos, por lo menos, tres tipos de ciudadanos, que pueden verse afectados:

- Los accionistas de la autopista. ¿Son tan intocables que no puede ni plantearse su liberalización? Entre ellos habrá modestos inversores con pequeño número de acciones. Pero están los grandes, que pueden parecer anónimos al ciudadano de la calle, pero cuya influencia decisiva en los órganos rectores del Ministerio, no nos cuesta imaginar...

- Los propietarios de esas prestigiosas bodegas a los que parece apoyar el Gobierno Regional.

- Los pequeños propietarios rústicos y urbanos de Agoncillo. ¿Quién defiende a éstos? Seguramente sólo su Ayuntamiento.

Pregunta con respuesta fácil, aunque estemos en vísperas electorales: tA quién sacrificará el Ministerio de Fomento, aunque se estire algo más con las indemnizaciones por la expropiación?