Uno de los lemas más coreados en el fenómeno 15M es el de ¡No Nos Representan! dirigido a la casta -que no clase- política, sin distinción de siglas, sean de los distintas gobiernos o de los diversos grupos opositores. Los voceros mediáticos del sistema lo han aprovechado para acusar a los indignados de populismo barato y para defender -con escaso entusiasmo- las virtudes de la actual democracia.

 Sabemos cómo se llegó a las distintas democracia occidentales. La revolución liberal acabó con el Antiguo Régimen, con sus estamentos basados en la cuna y consagró la igualdad política a través del voto para designar a los gobernantes. Con ello, la burguesía, clase detentadora del nuevo poder económico, se impuso a la nobleza, propietaria de la mayor parte de las tierras y conquistó el poder político. Empezó con  el voto censitario, sólo podían ser elegidos aquellos que disponían de un nivel de riqueza elevado. El empuje de las clase obrera consiguió la universalización del sufragio activo y pasivo para todos los varones. Y las luchas feministas acabaron, por último, conquistándolo, poco a poco, para las mujeres.

 Aquí en España, el proceso fue mucho más lento y con brutales retrocesos. Así llegamos a la actual Constitución de 1978, fruto de la componenda entre los poderes fácticos y las fuerzas políticas entonces emergentes. Dos características de la misma hay que destacar al respecto: el valor predominante de los partidos políticos y la rigidez de las normas para las futuras modificaciones de la misma Constitución. A ello hay que añadir dos vulneraciones gravísimas en la práctica de la misma: ni los partidos políticos son democráticos en su estructura y funcionamiento, ni cumplen la prohibición de no ligar a sus parlamentarios en las Cortes Generales por mandato imperativo. (Lo cual no ha impedido que algún parlamentario, excepcionalmente, se haya saltado a la torera  la disciplina de su partido en alguna votación).

 Si a ello unimos las normas electorales, los resultado son: un bipartidismo imperfecto; la soberanía popular se pierde en el momento de depositar el voto en la urna; oscilación entre mayorías absolutas y gobiernos en minoría, a merced de las exigencias desorbitadas e interesadas de ciertos partidos; e impotencia de los ciudadanos que ven cómo las promesas electorales se olvidan en cuanto consiguen el poder. ¿Es de extrañar que los votos en blanco, los nulos y las abstenciones vayan en aumento?

 Desencanto es la palabra que mejor define la opinión de la ciudadanía respecto al sistema político. Para quienes, bajo el franquismo, de una u otra manera, trabajamos para conseguir la democracia, lo conquistado hasta ahora nos parece radicalmente insuficiente. Y vemos con preocupación cómo los nostálgicos del totalitarismo que nunca han desaparecido de nuestro suelo sueñan ilusionadamente con una vuelta al pasado. Las malas prácticas democráticas que vivimos, con sus casos manifiestos de corrupción, la búsqueda a ultranza de la poltrona del poder, deshilachando las viejas ideologías, el empleo de los emigrantes como chivos expiatorios y el empleo de la mentira, la descalificación y el "tú más" como únicos argumentos dialécticos propician esa tentación retrógrada.      

 De ahí el grito unánime de los indignados, dirigido a los partidos políticos: ¡No nos representan!. La racanería de esta democracia menguada nos lleva a preguntar: en realidad ¿a quiénes representan?. La verdad es que no a los ciudadanos, sino a los grandes mercaderes, que les dictan las recetas para salir del atolladero de esta crisis que ellos mismos han provocado. Igual da que sean partidos conservadores o socialdemócratas los que gobiernen, todos obedecen sumisamente las consignas del gran capital. Han proyectado la demolición del Estado del Bienestar. Hay que recortar el sector público. Están prestos a facilitar que las pensiones, la sanidad, la enseñanza pasen a ser negocios explotados por las grandes compañías financieras y de servicios.

 ¿Cómo resistir esta nueva contrarrevolución?. Dos vías son precisas conjuntamente. La primera, apertura del sistema político: con una reforma en profundidad del mecanismo electoral con listas abiertas y disminución del tope para conseguir representación; participación del electorado en la designación de los candidatos; posibilidad de iniciativa legislativa popular en todas las materias; facilitación de la destitución de los gobernantes a través de un número mínimo de firmas populares; mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, empezando por el área local; limitación del período de mandato de los gobernantes a dos legislaturas; transparencia absoluta en la gestión pública.

 La segunda vía ha de arrancar desde la base: abandono del pasotismo comodón; ejercicio de la soberanía no sólo en el momento de depositar el voto, sino todos los días, dejando de ser súbditos pasivos o protestones para asumir las responsabilidades de unos ciudadanos adultos; salida del individualismo  consumista y codicioso para vivir una fraternidad abierta a las víctimas de la sociedad; asumir nuestras responsabilidades éticas de respeto y defensa de los derechos de todas las personas humanas y de cuidado de la naturaleza.

Pedro Zabala Sevilla